El TEPJF ante la desviación de poder
Magdalena Gómez
Si un año atrás, con el desafuero, se configuró la desviación de poder tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del general Gallardo (43-96), hoy nos encontramos ante su intento de consumación ya no sólo en perjuicio de los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador, sino también de los millones de mexicanos y mexicanas que el 2 de julio votamos por él para Presidente de la República. Los próximos días tendremos noticias de la mirada con la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se acerca al juicio de inconformidad promovido por la coalición Por el Bien de Todos, y sería importante que analizara todo el proceso y no sólo lo acontecido del 2 de julio para acá.
Recordemos que en el caso Gallardo la CIDH anotó: "la comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder, la cual se traduce en indudables acosos y hostigamientos en contra del antes citado general".
En el caso de López Obrador no sólo ha existido acoso y hostigamiento por parte de los tres poderes antes y después de su postulación, sino que a los mismos se sumó la abierta complicidad de los medios masivos de televisión y algunos de prensa, así como diversas empresas que se adhirieron a la promoción de la campaña del miedo y la descalificación de claro corte macartista ante la responsabilidad por omisión del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ante el fracaso de dicha campaña, que antes que desestimular a sus simpatizantes les hizo conciencia sobre la importancia de defenderlo en las urnas, se aplicó una operación de fraude cibernético que es preciso desentrañar y ante la cual la única salida justa es que se cuente "voto por voto, casilla por casilla", como demandaron el pasado domingo cientos de miles de mexicanos.
La dimensión y fuerza de esta segunda asamblea informativa resulta de la convicción colectiva de que están en su derecho de protestar por el cambio que han esperado tanto tiempo. Resultó impactante la unidad que se percibió en la concentración, independientemente de la ubicación social y de la región del país de la que cada uno provenía; sin embargo, con ser mexicanos todos y todas no escapó la reivindicación de que no todo el norte es azul como maniqueamente, bicolor en mano, Joaquín López Dóriga mostró, a través de Televisa, en un mapa el 5 de julio para amanecer 6, y quien se llevó la mayor rechifla en el día de la Virgen del Carmen (por cierto, felicitaciones a la directora general de La Jornada). Grave resultó además la insinuación del responsable del Programa de Resultados Preliminares (PREP) de que la tardanza de las casillas del sur se debía a "factores culturales". ¿Qué significa esto? ¿Que los del sur no saben votar porque tampoco saben leer o por pobres o por indígenas?
El tribunal tomará una decisión histórica a partir de un marco que tendrá que ser constitucional y no sólo legaloide, pues lo que está en juego son los derechos fundamentales de los mexicanos. Es lamentable que a 28 años del asalto de Carlos Salinas al poder, la clase política hegemonizada por el PRIAN utilice los mismos métodos para sacar de la jugada a quien siendo ajeno a sus intereses no le garantiza complicidad. La variable está en la madurez y experiencia del pueblo, que no se enreda jurídicamente y reclama algo que parece tan simple, pero fundamental: el respeto a su voto. Así lo decía un señor que elaboró su propio cartel: "yo no estoy aquí para defender a López Obrador, él se defiende solo. Yo vengo a defender mi voto y el de mis hermanos mexicanos". En el ánimo social no caben "explicaciones algorítmicas" o "errores aritméticos"; su racionalidad se basa en la conciencia del voto mayoritario y ante las dudas fundadas sobre la alteración de resultados demandan que se recuenten.
Se está gestando una oleada social democratizadora en torno a una demanda de transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad a la que es deseable que se sumen quienes votaron por el candidato de la derecha, quien cree que con anuncios de la pirotecnia de la transición va a consolidar la ventaja fraudulenta que le otorgó el IFE con ayuda del factor Hildebrando.
En materia de deslinde de responsabilidades hay mucha tela de donde cortar, pero de momento es prioritario que se corrijan las cifras para que la legalidad se hermane con la legitimidad; ésa es la tarea que habrá de cumplir el TEPJF al resolver las inconformidades y calificar posteriormente la elección. Por lo pronto nos atenemos al llamado de Carlos Monsiváis y Sergio Pitol: "No abandonemos nuestros votos en la fosa común de la resignación y la apatía. Voto por voto, casilla por casilla". Tienen razón al agregar: "en la política lo contrario del odio no es el amor, es el ejercicio sistemático de la razón". ¿Hará uso de ella el tribunal electoral?
Si un año atrás, con el desafuero, se configuró la desviación de poder tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del general Gallardo (43-96), hoy nos encontramos ante su intento de consumación ya no sólo en perjuicio de los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador, sino también de los millones de mexicanos y mexicanas que el 2 de julio votamos por él para Presidente de la República. Los próximos días tendremos noticias de la mirada con la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se acerca al juicio de inconformidad promovido por la coalición Por el Bien de Todos, y sería importante que analizara todo el proceso y no sólo lo acontecido del 2 de julio para acá.
Recordemos que en el caso Gallardo la CIDH anotó: "la comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder, la cual se traduce en indudables acosos y hostigamientos en contra del antes citado general".
En el caso de López Obrador no sólo ha existido acoso y hostigamiento por parte de los tres poderes antes y después de su postulación, sino que a los mismos se sumó la abierta complicidad de los medios masivos de televisión y algunos de prensa, así como diversas empresas que se adhirieron a la promoción de la campaña del miedo y la descalificación de claro corte macartista ante la responsabilidad por omisión del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ante el fracaso de dicha campaña, que antes que desestimular a sus simpatizantes les hizo conciencia sobre la importancia de defenderlo en las urnas, se aplicó una operación de fraude cibernético que es preciso desentrañar y ante la cual la única salida justa es que se cuente "voto por voto, casilla por casilla", como demandaron el pasado domingo cientos de miles de mexicanos.
La dimensión y fuerza de esta segunda asamblea informativa resulta de la convicción colectiva de que están en su derecho de protestar por el cambio que han esperado tanto tiempo. Resultó impactante la unidad que se percibió en la concentración, independientemente de la ubicación social y de la región del país de la que cada uno provenía; sin embargo, con ser mexicanos todos y todas no escapó la reivindicación de que no todo el norte es azul como maniqueamente, bicolor en mano, Joaquín López Dóriga mostró, a través de Televisa, en un mapa el 5 de julio para amanecer 6, y quien se llevó la mayor rechifla en el día de la Virgen del Carmen (por cierto, felicitaciones a la directora general de La Jornada). Grave resultó además la insinuación del responsable del Programa de Resultados Preliminares (PREP) de que la tardanza de las casillas del sur se debía a "factores culturales". ¿Qué significa esto? ¿Que los del sur no saben votar porque tampoco saben leer o por pobres o por indígenas?
El tribunal tomará una decisión histórica a partir de un marco que tendrá que ser constitucional y no sólo legaloide, pues lo que está en juego son los derechos fundamentales de los mexicanos. Es lamentable que a 28 años del asalto de Carlos Salinas al poder, la clase política hegemonizada por el PRIAN utilice los mismos métodos para sacar de la jugada a quien siendo ajeno a sus intereses no le garantiza complicidad. La variable está en la madurez y experiencia del pueblo, que no se enreda jurídicamente y reclama algo que parece tan simple, pero fundamental: el respeto a su voto. Así lo decía un señor que elaboró su propio cartel: "yo no estoy aquí para defender a López Obrador, él se defiende solo. Yo vengo a defender mi voto y el de mis hermanos mexicanos". En el ánimo social no caben "explicaciones algorítmicas" o "errores aritméticos"; su racionalidad se basa en la conciencia del voto mayoritario y ante las dudas fundadas sobre la alteración de resultados demandan que se recuenten.
Se está gestando una oleada social democratizadora en torno a una demanda de transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad a la que es deseable que se sumen quienes votaron por el candidato de la derecha, quien cree que con anuncios de la pirotecnia de la transición va a consolidar la ventaja fraudulenta que le otorgó el IFE con ayuda del factor Hildebrando.
En materia de deslinde de responsabilidades hay mucha tela de donde cortar, pero de momento es prioritario que se corrijan las cifras para que la legalidad se hermane con la legitimidad; ésa es la tarea que habrá de cumplir el TEPJF al resolver las inconformidades y calificar posteriormente la elección. Por lo pronto nos atenemos al llamado de Carlos Monsiváis y Sergio Pitol: "No abandonemos nuestros votos en la fosa común de la resignación y la apatía. Voto por voto, casilla por casilla". Tienen razón al agregar: "en la política lo contrario del odio no es el amor, es el ejercicio sistemático de la razón". ¿Hará uso de ella el tribunal electoral?
posted by 5:55pm at 1:28 a.m.
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