La Iglesia católica en la transición democrática

Bernardo Barranco V.

Frente a la circunstancia poselectoral, los obispos en reiteradas oportunidades se han pronunciado por la unidad, la construcción de acuerdos que garanticen la gobernabilidad del país. Ahora se han ofrecido de mediadores, al estilo sudamericano, para ser puente que permita el diálogo entre los actores rijosos.

Pese a los prudentes comunicados de la dirigencia de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), los obispos han recibido severas críticas por su actuación durante el proceso electoral que aún no concluye. Pareciera que existe discordancia entre sus comunicados y la actuación de prelados emblemáticos, cuestionados por simpatizar y favorecer explícita o implícitamente a alguno de los contendientes. Por ejemplo, Alianza Cívica -organismo especializado en la observación de procesos electorales- evidenció algunos casos concretos de inducción eclesiástica el 2 de julio.

El Observatorio Eclesial acusó de "ambiguo" al comportamiento político del cardenal Norberto Rivera, quien reitera, por un lado, que aún no existe un ganador de la contienda presidencial mientras por otro lado se reúne apoyando y prestándose al juego mediático del equipo de campaña de Calderón. La coalición Por el Bien de Todos sentencia en el juicio de inconformidad, presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: "La intervención de la Iglesia en la presente contienda electoral fue una constante". A esta lista se suman los obispos de Cuernavaca, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Morelia y Yucatán. En la mayoría de los casos se inclinaron a favor de Acción Nacional y en el menor por la coalición.

El documento más reciente de la CEM ("Todos unidos por la reconciliación, la concordia y la paz", 20/7/06) tiene la virtud de incorporar en las firmas a los cardenales Rivera y Sandoval Iñiguez, constantemente señalados; sin embargo, propone riesgosas jornadas de oración del 31 de julio al 6 de agosto, que podrían convertirse en un nuevo foco de tensión dado el clima político antagónico. Dependerá de cómo, en qué forma y con quiénes se hagan dichas jornadas, pero no hay duda de que la iniciativa puede ser delicada.

Por otro lado, sería injusto dejar de reconocer aportes de la Iglesia católica a la alternancia, no obstante que no ha sabido situar su aporte ni papel en la construcción real de la democracia. Es cierto que hay sectores retardatarios proclives a pactar con el poder y frenan iniciativas de cambio. Sin embargo, es importante recordar aquel lejano 1986, en Chihuahua, cuando el clero local protestó por los resultados electorales fraudulentos. En aquella ocasión se enfrentó tanto con el poder del Estado y con el propio delegado apostólico que pactó con Gobernación. Tampoco hay que olvidar su valiente papel de defensa de los derechos humanos de los indígenas en Chiapas, la Tarahumara y Oaxaca. Es importante hacer memoria de la publicación del documento Del encuentro de Jesucristo a la solidaridad con todos (en abril de 2000), en el cual los obispos reconocen abiertamente la necesidad de cambios políticos meses antes de las elecciones presidenciales que tuvieron como oposición al alto clero priísta e incluso a sectores de la Secretaría de Estado del Vaticano. Sobra mencionar que a nivel latinoamericano, muchas iglesias han condenado y resistido a regímenes militares.

La jerarquía católica mexicana encuentra grandes dificultades para estar presente de manera pertinente en el momento actual, no sólo en la crispante circunstancia poselectoral, sino en la transición democrática. Pareciera muy preocupada por la fragilidad del orden social existente y, al mismo tiempo, se siente desbordada, sin recursos reales para contribuir. No obstante su situación, la dirigencia de la CEM debe disciplinar al propio clero para evitar que se deje llevar por las polarizaciones y ánimos encendidos. Especialmente debe meter en orden a sus dos grandes cardenales, que representan ahora su mayor riesgo interno.

En segundo lugar, el clero debería moderar por el momento su actitud negativa hacia la política partidaria; desde hace décadas los partidos no gozan de la simpatía del magisterio. La alta jerarquía siempre ha predicado que prefiere la política con "P" mayúscula, es decir, la que busca el bien común, y deja a laicos y partidos políticos la política con "p" minúscula, encaminada a la búsqueda del poder, del sectarismo y de espurios intereses de individuos y de grupúsculos. Con esa actitud, a veces moralista, desalienta el quehacer político, tanto de ciudadanos como el papel de los partidos. Si bien muchos políticos mezquinos se han ganado a pulso el rechazo social, los partidos cumplen una función de mediación entre el individuo y el poder. No en vano la primera medida que adoptan los regímenes autoritarios es disolverlos o prohibirles toda actividad.

En tercer lugar, la CEM debería preocuparse por emitir mensajes sustanciales. La saga de textos publicados a lo largo del proceso electoral son predecibles y tienen el tono del sermón convencional. Muchos obispos se justifican advirtiendo que son pastores, no expertos en ciencias políticas ni en economía; pese a ello se han asumido como actores políticos de primer reparto y su condición requiere una comunicación de fondo, tanto en contenidos como en vivacidad.

Los comunicados de los obispos en los últimos años están marcados por una opacidad que requiriere ser revisada, así como su abanico de consejeros laicos, en su mayoría intelectuales clericalizados. Los episcopados europeos tienen asesores sólidos en diversas disciplinas; la propia conferencia episcopal brasileña, además de contar con potentes asesores, realiza foros y encuentros en los que analiza la realidad y se discuten los temas más relevantes de la sociedad.

La Iglesia católica, como pocas instituciones en la historia moderna, tiene la experiencia y capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y económicas. En el marco de la tironeada democracia mexicana, la Iglesia tiene un gran reto de largo plazo que pasa por una nueva y eficiente actitud en la actual coyuntura poselectoral.