Afloran más contratos de Diego Zavala en Energía

En 2003, Calderón autorizó un subsidio ilegal en Banobras

Un nuevo caso de tráfico de influencias que involucra a Felipe Calderón Hinojosa y a César Nava Vázquez, secretario general adjunto del Partido Acción Nacional (PAN), en una operación valuada en 2 mil millones de pesos, quedó al descubierto tras la comprobación de la autenticidad de documentos oficiales y jurídicos entregados anónimamente a este diario.
En agosto de 2003, como titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Calderón otorgó ilegalmente apoyo financiero a GBM (Grupo Básico Mexicano), empresa del suegro de Nava Vázquez, entonces abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ahora candidato presidencial del PAN aprobó un subsidio, fuera de la normatividad de Banobras, para que una empresa denominada GBM (Grupo Básico Mexicano) iniciara la construcción de un túnel en Coatzacoalcos, Veracruz.

Uno de los accionistas de GBM, Emilio Baños Urquijo, es padre de María Covadonga Baños Ardavín, esposa de Nava Vázquez. Este, como abogado general de Pemex, había participado en un fraude contra la paraestatal del que resultaron 177 millones de pesos que también fueron destinados a la construcción del túnel.

En 1997, el gobierno federal descentralizó las actividades sustantivas de Pemex y creó siete empresas petroquímicas filiales, entre ellas Morelos, la Cangrejera y Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Cinco años después, de manera sorpresiva, la alcaldía de Coatzacoalcos demandó a la paraestatal que le pagara impuestos por "traslación de dominio de bienes inmuebles" por un total de 713 millones de pesos, y para cobrar lo reclamado embargó inclusive cuentas bancarias de la empresa.

El abogado general de Pemex en ese momento, César Nava Vázquez, contrató a su colega Ernesto Ordaz Moreno para que llevara el pleito en los tribunales. Fuentes que entregaron a este diario información exhaustiva acerca de esta operación recuerdan que en todo el sur de Veracruz provocó un escándalo el rápido arreglo al que se llegó para liquidar el asunto.

Pemex accedió a cubrir 220 millones de pesos al municipio de Coatzacoalcos, en una decisión considerada "excepcional", porque no se basó en un dictamen jurídico convincente. Con el tiempo se descubrió que Ordaz Moreno, representante legal de la paraestatal en ese conflicto, trabajaba en el mismo bufete de abogados que el municipio de Coatzacoalcos contrató para demandar precisamente a Pemex.

Ese despacho, llamado Abogados Internacionales SC, tenía el mismo número telefónico (01 92 12 26 10) y la misma dirección (Mariano Abasolo 1107, colonia María de la Piedad, Coatzacoalcos, Veracruz) que el licenciado Ordaz Moreno, como consta en documentos en poder de La Jornada. Lo anterior, explicaron las fuentes, constituye un delito de prevaricato, toda vez que los abogados de demandante y demandado señalaron las mismas oficinas para oír y recibir notificaciones, y porque Ordaz Moreno, apoderado legal de Petróleos Mexicanos, litigó contra la institución que supuestamente defendía.

Siempre con base en la numerosa documentación que respalda cada uno de los párrafos de esta nota, después de ganar el caso el municipio pagó 44 millones de pesos por honorarios a sus abogados, lo que suscitó muchas críticas ya que éstos habían actuado como simples coyotes. Los 177 millones de pesos restantes, como se descubriría después, fueron destinados a un proyecto mucho más ambicioso.

Por esas fechas, y de forma nada casual, apareció en Coatzacoalcos la empresa GBM (Grupo Básico Mexicano), cuyo socio, Emilio Baños Urquijo -casado hoy día con Cecilia Romero, actual candidata del PAN a delegada en Coyoacán- promovió la construcción de un túnel por debajo del río Coatzacoalcos para agilizar la circulación de automóviles y camiones en la red carretera del sur de Veracruz, que hace años se encuentra saturada por la excesiva demanda que tiene. Baños Urquijo buscó y obtuvo de parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) el apoyo de un fideicomiso del Fondo de Inversión de Infraestructura (Finfra), subsidio que en realidad contravino las normas internas de Banobras, cuyo portal electrónico informa a quien lo consulte que "de acuerdo con el Reglamento Orgánico de Banobras SNC, esta institución no otorga subsidios".

A pesar de lo anterior, Felipe Calderón, director del banco, firmó un convenio el 22 de agosto de 2003, que también fue suscrito por Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones; Manuel Zubiría, director de Caminos y Puentes, y Marcelo Montiel, presidente municipal de Coatzacoalcos. El documento, que fue publicado en el Diario Oficial hasta el 31 de octubre de 2003 (cuando Calderón Hinojosa era ya secretario de Energía), establece los amarres económicos pertinentes para impulsar la construcción del túnel con una inversión inicial de mil 200 millones de pesos. Esta, sin embargo, aumentó a mil 800 millones y se aprobó finalmente en 2 mil millones de pesos.

Baños Urquijo quedó a cargo de la supervisión de la obra y del proyecto ejecutivo, mismo que fue adjudicado a la empresa internacional FCC, que durante los próximos 30 años, teóricamente, la explotará en su favor cobrando el peaje a automovilistas y camioneros que pasen por debajo del río a lo largo de 700 metros, un tramo subterráneo que, según esto, unirá a la mancha urbana de Coatzacoalcos con la zona residencial de Allende.

Sin embargo, habitantes de Coatzacoalcos aseguraron que del famoso túnel sólo hay un letrero a la orilla de la carretera y que "hasta ahorita ni siquiera han empezado a escarbar".

Calderón fue director de Banobras de febrero a septiembre de 2003, cuando Vicente Fox lo designó secretario de Energía, cargo al que renunció en junio de 2004, debido a presiones de Los Pinos, después de que Francisco Ramírez Acuña, gobernador panista de Jalisco, lo destapara como precandidato a la Presidencia de la República.