Operativo de Estado (Parte I)

Julio Pimentel Ramírez | Abdallán Guzmán Cruz

Miércoles 12 de Julio de 2006Los intentos de imponer a un presidente de la República de corte derechista, por parte de intereses oligárquicos coligados con los medios masivos de comunicación, responde a una estrategia diseñada desde la cúpula del poder estatal que inició a partir del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, continuó con la sucia campaña panista, con la instrumentación de prácticas que se creían erradicadas, tales como el rasurado del padrón electoral, el uso clientelar de programas sociales a favor del candidato oficial, compra de votos, urnas «embarazadas», manipulación estadística de resultados electorales.

A pesar de la inequidad del proceso y de las evidentes irregularidades del mismo, en el conteo distrital la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador es de solamente 240 mil votos, el 0.58 por ciento de los 41 millones de sufragios emitidos el 2 de julio. Por la salud de la República es de esperarse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con base en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, proceda a contar voto por voto, casilla por casilla, como demanda la coalición «Por el bien de todos» respaldada por un amplio sector de la ciudadanía. Para comprender lo sucedido la jornada electoral del 2 de julio, las contradicciones e inconsistencias del Programa de Resultados Electorales Previos (PREP), la negativa a presentar el conteo rápido del IFE, así como las irregularidades en el recuento oficial de votos en los 300 distritos electorales, hay que analizarlo como parte del operativo de Estado que se diseñó para garantizar la permanencia en el gobierno de la derecha panista neoliberal.

Parte importante de esta estrategia fue el nombramiento de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que sustituyeron a los que llevaron a buen término las elecciones del 2000. Como es público, la conformación del nuevo Consejo General del IFE surgió de un acuerdo entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), excluyendo al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El comportamiento de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del IFE durante la campaña electoral, el día de los comicios y posteriormente, ha comprobado que las dudas sobre su imparcialidad son fundadas. La intensa campaña de hostigamiento en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo como objetivo central el desafuero como vía para eliminar al contrincante más fuerte de la izquierda electoral. Aprovechando las debilidades y la corrupción de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y de algunos destacados militantes perredistas, la cúpula del poder político (Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República, dirigentes del PAN y del PRI) en connivencia con gran parte de los medios de comunicación, montaron una gran campaña en contra de AMLO.

Desde entonces se aplicó la estrategia mediática, sustentada en falsedades y mentiras, de difundir la versión de que Andrés Manuel López Obrador es un político que no respeta las leyes. Este vergonzoso y en ocasiones burdo intento, que buscaba definir la contienda presidencial del 2006 fuera de las urnas, fue derrotado por la movilización ciudadana. La campaña electoral por la Presidencia de la República, a la que se supeditaron hasta casi pasar inadvertidas las campañas para diputados, senadores y otros puestos de elección popular, reúne una serie de características que pueden llevar a afirmar, como lo expresó Fernando del Paso, que el fraude electoral está presentes antes, durante y después de la jornada electoral.

El sello distintivo de la contienda electoral se condensa en la calificada eufemísticamente como campaña negativa, pero popularmente llamada guerra sucia, impuesta por el PAN. A la intensa lluvia de spots panistas, que recogieron la enseñanza fascista de Goebbels instrumentando una campaña de odio irracional con la vana pretensión de que una mentira repetida cientos de veces se convierte en verdad, hay que añadir la manipulación informativa de muchos de los noticieros de radio y televisión y de sus comentaristas «estrellas», que se esforzaron en demostrar que Andrés Manuel López Obrador es «un peligro para México». Ante esta andanada de mentiras y falacias desatada por el PAN y sus corifeos, el IFE, como era de esperarse, dados los compromisos de sus integrantes, se mostró omiso y complaciente.

Solamente la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atenuó, aunque un poco tarde, la furiosa campaña mediática de la derecha. Aquí cabe señalar que una vertiente que en su momento deberá ser indagada es la del excesivo costo de campaña de Acción Nacional, oculto por extraños arreglos tarifarios de ese partido, su candidato y el propio presidente de la República con Televisa. Las transacciones de esta empresa con el PAN tienen como telón de fondo la aprobación de la Ley Televisa, reglamentación que le permitirá acrecentar sus negocios.