Pierde el IFE legitimidad

Los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la campaña electoral más polarizada de nuestra historia política abren un escenario de ingobernabilidad, de incredulidad e ilegitimidad que, de darse el triunfo al candidato panista, no ayudará a enfrentar los problemas más urgentes del país; al contrario, profundizará la desigualdad social y a la protesta social responderá, como ya lo advirtió el candidato mencionado al aplaudir la mano dura y el imperio de la ley en Atenco, con la represión, como lo hizo durante los últimos meses el gobierno más irresponsable que hemos sufrido.

En proceso todavía el recuento distrital y la necesaria verificación acta por acta, casilla por casilla, me atrevo a compartir con los lectores de Macroeconomía unas reflexiones sobre un escenario político profundamente lesivo para el país, el del poder de una teocracia fascistoide, antintelectual que se impone por el poder del dinero, el mal uso de los recursos públicos y la corrupción.

El señalamiento popular del fraude electoral frente a las inconsistencias estadísticas del PREP, de la pérdida de tres millones de votos, de casillas alteradas, de primeros resultados preliminares estadísticamente improbables, se abre paso en las primeras horas postelectorales cuando el silencio de las autoridades electorales de un frágil instituto con consejeros poco experimentados y faltos de credibilidad, deja campo abierto al poder faccioso que los medios electrónicos mostraron durante la campaña favoreciendo al candidato panista y al festejo del poder del dinero en la segunda jornada anual más exitosa de una bolsa de valores que ha registrado severas caídas en los últimos meses.

Los inmediatos días por venir están pues signados por la lucha social por la democracia, contra el fraude, contra el poder económico que ha arrojado a nuestro país a la mayor polarización social de su historia y que exigen un esfuerzo extraordinario de organización social de nuevo tipo, de la que ha ido surgiendo en el proceso y requerimos potenciar enormemente.

Nos enfrentamos, así, a un régimen político en descomposición que no logró consolidar una autoridad democrática confiable. El gobierno foxista fue de error tras error en su conducción política, de la irresponsabilidad sintetizada en el inexcusable “yo por qué” de Fox, a la actividad ilegal y parcial del ejecutivo a su candidato, pasando por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

La ausencia de una reforma electoral y la ratificación del régimen corporativo priísta al que el panismo le ha reconocido una y otra vez su apoyo, como lo muestra ahora el reconocimiento del PANAL, el partido de ‘la maestra’ que logra su registro nacional después de darle su voto presidencial al proyecto neoliberal que tanto ha lesionado a la educación pública de nuestro país. La corrupción del panismo que se mostró una y otra vez con los salarios exorbitantes de sus funcionarios públicos y el gasto irresponsable de sus viáticos en el exterior (10 000 pesos diarios no es despilfarro, según el secretario de educación), con el contratismo y el tráfico de influencias de las buenas familias católicas y apostólicas emparentadas con el pederasta Maciel, exhibieron la corrupción y la descarnada doble moral de la élite moralina en el poder que pretende desgobernarnos y precipitarnos en otro sexenio perdido.

La polarización creada por el panismo, siervo del poder económico real, de pudientes empresarios que amenazaron y presionaron a sus trabajadores, del Consejo Coordinador Empresarial, de la jerarquía eclesiástica que ambiciona mayor poder y, particularmente, de los medios de comunicación que prohijaron la compaña del miedo, al convertir a Andrés Manuel López Obrador en el “peligro para México” generar, sin duda, una agudización de la lucha social.

La poderosa ofensiva contra el candidato y presidente de la población más pobre de este país, de la heredera de nuestra historia revolucionaria que en la guerra de independencia luchó contra el poder monárquico colonial y de la iglesia, que en la reforma eliminó el fuero de la iglesia y del ejército, y que en la revolución mexicana rescató los recursos nacionales, realizó la reforma agraria y la primera revolución social, no ha terminado. La pérdida de legitimidad del IFE, constituido irresponsablemente por el acuerdo del PRI y del PAN, el contratismo demostrado con el cuñado incómodo del panismo, la dimensión de los recursos gastados en las campañas panistas y, en general, del costo del sistema electoral que no responde a las necesidades de una genuina democracia, es el inmediato resultado del ejercicio del poder en unas elecciones dominadas por las sistemáticas violaciones de la competencia democrática que supone equidad de condiciones en la contienda electoral.

El continuismo de la política económica, de imponerse, será un auténtico golpe para la mayoría de la población y una amenaza para la soberanía nacional, pues el programa entreguista del panismo que violando la constitución ha estado trasladando las actividades energéticas al capital extranjero es la punta de lanza de su programa económico, de un programa que profundizará la degradación de la actividad pública para privatizar la salud pública y la seguridad social, el abandono de la educación pública, media y superior, de la ciencia y la tecnología, de la cultura y las artes.

El reto para las fuerzas democráticas y de izquierda frente a otro gobierno panista, del que sería el gobierno del miedo, la mentira, la familia incómoda y la doble moral es enorme. La organización popular es lo más urgente, sólo organizados podremos enfrentar al poder y crear un poder alternativo, un programa que conjunte a las distintas fuerzas sociales y cuya aplicación exijamos. Programa mínimo tenemos, es necesario luchar por su aplicación.No podremos esperar otros seis años.

La situación social del país no lo permite, nos exige redoblar el esfuerzo. Sustentar la lucha por una política económica que responda a los intereses nacionales, por un presupuesto democrático y la rendición de cuentas, será sin duda uno de los ejes de la lucha contra un gobierno panista que tiene muchas cuentes pendientes que pagarle al poder del dinero que lo llevó al poder, al poder de sus asesores gringos que trajeron a la campaña electoral mexicana la estrategia del terror de Bush, con la que impuso sus gobiernos fraudulentos.Después de las elecciones más reñidas del país, de un proceso electoral que dejó al desnudo las más graves carencias de nuestra vida política, la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población, la descomposición de un régimen político que no logró cambio alguno y reprodujo la corrupción estructural del viejo régimen y el recurso de la represión ante la conflictividad social que se incrementa ante viejos problemas no resueltos, los desafíos políticos, sociales y económicos para las fuerzas democráticas son inaplazables.

Entre las urgencias políticas, las demandas democráticas que debemos arrancar al gobierno de Fox en sus últimos meses de desgobierno, destaca la atención inmediata a los conflictos en curso: el rescate de los cuerpos de los mineros muertos en el accidente de la mina de carbón y la recuperación de la autonomía en el sindicato minero; la justicia para los habitantes de Atenco con el castigo a los policías y autoridades responsables de la violenta represión, violación y falsas acusaciones a los más de 200 presos de esta comunidad; y el diálogo y acuerdo con los maestros de Oaxaca.

La revisión del gasto público, del pésimo ejercicio del gobierno del cambio que desperdició los enormes recursos petroleros, es una tarea del nuevo congreso y en la que debe colaborar la universidad pública, como uno de los primeros pasos contra la corrupción estructural de este gobierno. La elaboración y aprobación del presupuesto del primer año del nuevo gobierno es un reto político de primer orden para la nueva correlación de fuerzas políticas en el congreso en donde deben abrirse paso los genuinos intereses nacionales.

Y para ello, no sólo bastará con una mejor capacidad política y técnica de los diputados democráticos, será necesaria la lucha y movilización social capaz de proponer medidas específicas y alcanzar sus objetivos. Habrá que luchar porque se recojan las propuestas sociales que permitan abrir paso a una práctica participativa de la sociedad, a través de los múltiples instrumentos políticos y sociales con que hoy contamos, de partidos a organizaciones sociales y prensa crítica, donde se expresan y recogen las inquietudes y propuestas de muchos sectores sociales.

La evaluación crítica y jurídica del proceso electoral en el que seguramente el PAN y varios de sus candidatos, como Demetrio Sodi, sobrepasaron las cuotas financieras establecidas; el costo financiero y el largo tiempo del proceso que generan un alto costo económico y político para el país; la práctica de los partidos que dista de privilegiar la propuesta y el debate políticos; así como la ilegal participación personal del ejecutivo y de varias dependencias oficiales, obligan a revisar el funcionamiento del IFE y de la regulación del proceso para plantear una nueva reforma electoral. La lucha política y social por ganar una verdadera transición debe multiplicarse para lograr una reforma de Estado que tenga como eje central la participación ciudadana en una nueva institucionalidad pública que garantice un combate a la corrupción en la práctica pública y la atención a las demandas de la sociedad para superar la creciente polarización e insatisfacción del funcionamiento público.