julio 11, 2006

Por salud pública, voto por voto

Felipe Calderón debería ser el primer interesado en aceptar la apertura de las urnas para limpiar la elección

Samuel Maldonado B./Cambio de Michoacán

Leí con mucho interés el escrito intitulado Una crisis constitucional, de Adolfo Gily, que no es más que la relación de lo que muchos pudimos ver por televisión la noche del 6 de julio (A. Gily). La relación es magistral y por mi parte añadiría que como consecuencia, lo que pudimos ver nos hace reflexionar y asegurar que el empate con el PAN es un triunfo indiscutible de López Obrador, pero que finalmente no satisface a los electores.

Indica Gily que la votación del PAN en el 2000, fue cuatro por ciento más que el 38 por ciento del PRI», siendo la coalición. Comparativamente, «Por el bien de todos» fue la que mayor porcentaje incrementó en estos seis años, lo que demuestra una aceptación tácita de la mayoría del electorado.

Los electores ya están enterados de las boletas cruzadas a favor de Andrés Manuel encontradas en los basureros y por lo mismo, no se puede dejar a un lado el momento mismo del silencio impuesto en el IFE y su argumento para quedarse callado, lo que revela que el empate técnico es un verdadero fracaso para el candidato del PAN dadas las características del mismo proceso y de la participación fundamental, por ejemplo, que recibiera el partido en el gobierno del gobierno en pleno.

Esta ayuda indiscriminada, que tampoco se puede soslayar, a su vez eliminó la imparcialidad que debió haber habido. Con todo ese favoritismo, con las tres décimas que indicó el IFE que Felipe Calderón supera a López Obrador, debiera conducir al primero a aceptar la apertura de las ánforas y con esta acción demostrar su verdadero «triunfo» y no tratar de ocultar lo que medio México considera una acción fraudulenta.

Cabe mencionar que los medios radiofónicos y televisivos, a través de sus «jilgueros» han cantado la victoria anticipada y no nos debe sorprender lo anterior ni tanta alharaca nacida por efecto de la petición legal para que se abran los paquetes electorales, pues basta recordar los múltiples beneficios que los medios de comunicación han sido excesivamente favorecidos por el gobierno del cambio, no sólo con la famosa ley llamada Televisa, con la que prácticamente el Estado pierde la soberanía de las «frecuencias».

Pero los beneficios recibidos no solamente han sido a través de esta ley. En 1969, se publicó un decreto que estipulaba que los medios de comunicación entregarían al Estado mexicano, como pago de impuestos, el 12.5 por ciento del tiempo de su transmisión, lo que representaba que cada televisora o estación de radio le proporcionara tres horas de programación diaria pero, trascribo de una revista especializada en comunicación «ante la incapacidad del gobierno para realizar producciones de calidad o capaces de atraer al público, con el paso de los años el uso del tiempo oficial se haría en horarios de madrugada».

Al principio del sexenio de Fox, éste tuvo la ocurrencia de emitir otro decreto, donde regala a estos importantes medios de comunicación el 12.5 por ciento del tiempo de programación, a cambio de las tres horas; así el Estado recibiría 35 minutos de transmisión en radio diariamente y sólo 18 minutos en los medios electrónicos, lo que huele más que ha podrido, puesto que el lector se imaginará que los más interesados en que gane Felipe son los dueños de los medios televisivos, quienes previo a las elecciones, transmitieron constantemente información dolosa y fascista induciendo el miedo en el electorado; así pues, con toda esta inmoral ayuda, la votación obtenida por el PAN es un verdadero fracaso en la búsqueda de alcanzar la continuidad de un gobierno mediático.

Lo anterior es un indicativo muy claro de que todo el proceso electoral fue muy parcial y con todo, el empate con Andrés Manuel refleja la duda generalizada sobre la fabricación anticipada de datos y el intento de un fraude cibernético.

Ya una vez cometieron colosal robo electoral (1988 no se debe olvidar) que trataron de desaparecerlo quemando las boletas y no pasó nada, pero puede que ahora sí, por lo que vale la pena insistir en la conveniencia y en la denuncia de los hechos y, por salud pública, buscar que sea el mismo Calderón, quien impulse a la revisión de las urnas voto por voto.

Termino con la propuesta de Adolfo Gily: Los senadores, diputados, jefe de Gobierno, jefes delegacionales y asambleístas tienen el recurso y el derecho legales de no tomar posesión de sus cargos hasta que un conteo imparcial conceda credibilidad y legitimidad a la elección de presidente. Y a ver cómo le hacen para gobernar si quienes fueron elegidos por esa marea electoral no aceptan someterse a las manipulaciones y las trampas. Es un recurso extremo, legal e inatacable.