Las opciones poselectorales

El resultado político y electoral entre López Obrador y Calderón Hinojosa, al cual es cada vez más evidente que se llegó debido a los fraudes e irregularidades que favorecieron la candidatura del panista y que contaron con la activa colaboración del gobierno de Fox, según un sentir creciente lleva irremediablemente a la anulación de las elecciones del 2 de julio, según algunas opiniones tanto de juristas como de personajes públicos.

Ello no es absoluto, sin embargo. En el crispado ambiente público poselectoral de México, se manejan varias opciones, también llamadas “escenarios”. El primer paso lo tiene que dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife). Este debe decidir entre esas varias opciones. Menuda carga de responsabilidad pesa, pues, sobre los hombros y las conciencias de los magistrados de la Sala Superior de sólo siete miembros de ese cuerpo jurídico, al presidente de la cual se le ha encargado presentar la ponencia inicial.

Opción Uno. Si los magistrados electorales se atienen a una visión jurídica “letrista” del problema, y no deciden aprobar el recuento “voto por voto, casilla por casilla”, que han demandado López Obrador y sus seguidores, y deciden calificar como buena la elección en sus actuales resultados, es obvio que le darán a Calderón el gane.

Ello, porque al parecer las impugnaciones de los obradoristas se consideran débiles desde el punto de vista “letrista”. Pero una decisión así no convencerá a crecientes núcleos de la sociedad mexicana y el emparejamiento en que se supone están, no quedará resuelto ante los ojos de la propia sociedad. En esta opción, al desacuerdo lo seguirán tanto una mayor indignación pública como la indefinición real de un ganador certero de los comicios. Los perredistas han dicho últimamente que cesarán sus manifestaciones públicas si se llega al recuento total de los votos. Lo cual configura una perspectiva política para nada despreciable. Si Calderón ganó, dicen los perredistas, ¿a qué le teme en un nuevo recuento?, pues el que nada debe nada teme.

Opción Dos. Si el tribunal electoral acepta el recuento total que exige López Obrador, la alternativa es que uno u otro gane y el Trife no tendrá más que darle el triunfo a uno o a otro, y el perdedor aceptarlo igualmente.

Pero es evidente que en ambos casos no será un resultado que deje conforme al que no resulte favorecido, dado el mínimo margen de ventaja que de todos modos habría entre ambos, de la misma manera que ahora unos, la izquierda, no aceptan el resultado adverso, favorable a la derecha. Y esto supondría iniciar un largo periodo de confrontaciones entre ambos bandos, de lo cual irremediablemente vendría la perspectiva de la ingobernabilidad real. A menos que el nuevo margen de diferencia del recuento fuera suficientemente amplio como para hacer indudable el resultado.

Opción Tres. Si el Trife hace uso de sus facultades de juzgador en un asunto que pasa por la aritmética electoral y el rasero jurídico, pero que es eminentemente un asunto político, deberá atender ver el fondo del asunto -el político- y abarcar la “campaña de Estado” que el gobierno foxista instrumentó desde hace tres años, terminadas las elecciones intermedias de 2003 que para el foxismo fueron un completo fracaso, cuyos resultados quiso remontar en el 2006 mediante tal “campaña de Estado”, con desafuero, guerra sucia, intromisión presidencial, rasurado de padrón, alteración de actas, fraude cibernético, etc.

Tiene el Trife materia y obligación de tratar esta querella desde tal óptica política, que también es jurídica, ya que en la “función estatal” que es la organización del proceso electoral, según el Artículo 41 Constitucional, “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores”, y en su “campaña de Estado” el foxismo y el panismo sin duda han transgredido letra y espíritu de dicho predicado constitucional. La conclusión lógica de esta opción es que el Trife declare la nulidad de la elección presidencial y el Congreso de la Unión entonces deba nombrar a un Presidente Interino -que incluso sustituiría al actual, Fox- quien en un mínimo de 10 meses y un máximo de 14 meses, convocaría a nuevas elecciones presidenciales, pudiendo competir todos los que compitieron ya, u otros, y de este ejercicio saldría el Presidente Sustituto para terminar el próximo periodo presidencial en el 2012.

Esta, la opción de la nulidad y el interinato -que los obradoristas no están buscando, según sus declaraciones- sería una suerte de segunda vuelta, pero con la totalidad de los candidatos que ya participaron, u otros, y es evidente que Fox y la derecha habrían logrado su objetivo central: inhabilitar a López Obrador, al menos por el momento. Pero ésta, según se ve, sería una victoria pírrica de la derecha, que sumiría al país en un segundo gasto excesivo, en el rejuego de las diatribas y los denuestos, sin que nada garantizara que los próximos presidentes -interino y sustituto- tendrían asegurada la legitimidad que hace posible la gobernabilidad. Implicaría, previamente además, la sustitución entera del actual Instituto Federal Electoral.

Sobre este apretado resumen de opciones, o “escenarios”, hay una amplia discusión en el país. Políticamente se facilitaría el acceso a una solución si Calderón aceptase el recuento de todos los votos propuesto por López Obrador, ya que esto le daría un punto de apoyo muy vigoroso a la posible decisión del Trife en el mismo sentido. Y se vería quien, efectivamente, triunfó. Pero es obvio que la derecha no quiere soltar el pastel, al no aceptar el recuento total de votos.