El país pende de un hilo
John Saxe-Fernández
El proceso comicial se vio gravemente menoscabado, entre otros factores, por la ostensible conducta facciosa del presidente Fox. En su campaña contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador abusó de los instrumentos de Estado a su disposición, despojándose del papel arbitral y neutral que corresponde a un presidente, para poner en marcha, coligado con una derecha intransigente, de dentro y fuera del país, lo que se ha calificado de un "golpe de Estado técnico" (La Jornada, 4/7/06, p. 21). En su inadmisible interferencia electoral, abusó de instancias que van desde la oficina presidencial y la Procuraduría General de la República hasta las secretarías de Economía y Hacienda, y programas sociales a favor del PAN.
Luego del fallido intento del PRIAN de rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando una extensa ofensiva multifacética contra AMLO, arriesgando la integridad del proceso. Fueron múltiples sus ataques por radio y televisión, directos, personales y persistentes en medio de una multimillonaria campaña de miedo incitada por Acción Nacional. Todo ello "respaldado" por una "estrategia de tensión" consistente en operativos de "seguridad" y de provocación, y de una represión intensa y violenta para amedrentar a la población.
A pesar de la inducción del temor, de la pasividad del IFE, de la guerra sucia y del encono de la campaña, la respuesta ciudadana fue contrastante: la votación, copiosa, se dio en un medio ambiente de tranquilidad y concordia. La ciudadanía se volcó a las urnas confiada en la transparencia del mecanismo electoral para dirimir, de manera pacífica, los graves y urgentes retos económico-sociales y políticos que enfrentamos.
La participación de una propuesta alternativa al desastre socioeconómico y a la debacle moral de la corrupción sin freno del régimen, llevó a millones de ciudadanos a acudir a las urnas. Ahora, en medio de evidencias de manejos computacionales sesgados del PREP y de un tropel de inconsistencias, como evidencias de "fraude hormiga", irregularidades y manipulación en cerca de 50 mil casillas, el conteo repetido de casillas a favor del PAN, el "extravío" de 2 y medio millones de votos (sólo aclarado hasta que el PRD lo denunció, datos cuya inclusión acortó más la distancia entre AMLO y Calderón) es forzoso contabilizar acta por acta y, donde proceda, voto por voto. Esta circunstancia exige cabal limpieza.
Se abren escenarios complejos: una muy riesgosa burla a la voluntad popular, que "podría prender la mecha" del polvorín, o una salida institucional y legal que dé curso, con desahogo pleno, a una revisión íntegra del proceso.
Ayer, 5 de julio, dio inicio el cómputo distrital y se contempla que el 9 de julio el IFE, si procede, dé constancia de mayoría. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) define al ganador a la luz de las impugnaciones sobre los resultados contenidos en las 130 mil 480 casillas abiertas el 2 de julio.
El 10 de julio se pone en marcha el periodo para que se presenten los recursos de impugnación. El TEPJF, que falló contra al PAN por la guerra de espots contra AMLO, tiene capacidad legal para invalidar el proceso comicial, por ejemplo, si se llegaran a anular 20 por ciento de las casillas, o por graves irregularidades que resten libertad, autenticidad y equidad al procedimiento. El 31 de agosto es el día límite para resolver las impugnaciones de los juicios de inconformidad de la elección presidencial y el 6 de septiembre es el último día para que el TEPJF declare si hay presidente electo.
En todo esfuerzo por desmontar el "golpe técnico" es esencial garantizar la integridad de actas y paquetes electorales a la luz de lo ocurrido en 1988. Hay un candidato decidido a defender el voto y ya no vivimos en la absoluta oscuridad en materia jurisdiccional de aquel entonces, cuando la participación del Poder Judicial en las elecciones era inconcebible. Hoy existen mecanismos como el TEPJF, considerado por algunos como "la llave de seguridad" para resolver encrucijadas difíciles como la actual.
El país pende de un hilo. Es vital el desempeño riguroso, legal y justo del TEPJF, que desde 1996 forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con facultad plenipotenciaria, inapelable, para calificar la elección. También lo es la integridad de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales terminan su mandato en octubre. Como sugiere Jonathan Torres (El Semanario, 15-21 de junio de 2006), en caso de que se impugne la elección, algunos magistrados "podrían liberarse de ataduras" partidistas y votar de manera objetiva, pero otros "podrían razonar su voto con miras a su aspiración por ocupar una magistratura en la SCJN o emitir un juicio al vapor ante su próxima salida". José Fernández Santillán sostiene, sin embargo, que el TPJF "ha tratado de arrancarse el cordón umbilical que lo vio nacer, para actuar conforme con los principios legales". Ojalá.
saxe@servidor.unam.mx
El proceso comicial se vio gravemente menoscabado, entre otros factores, por la ostensible conducta facciosa del presidente Fox. En su campaña contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador abusó de los instrumentos de Estado a su disposición, despojándose del papel arbitral y neutral que corresponde a un presidente, para poner en marcha, coligado con una derecha intransigente, de dentro y fuera del país, lo que se ha calificado de un "golpe de Estado técnico" (La Jornada, 4/7/06, p. 21). En su inadmisible interferencia electoral, abusó de instancias que van desde la oficina presidencial y la Procuraduría General de la República hasta las secretarías de Economía y Hacienda, y programas sociales a favor del PAN.
Luego del fallido intento del PRIAN de rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando una extensa ofensiva multifacética contra AMLO, arriesgando la integridad del proceso. Fueron múltiples sus ataques por radio y televisión, directos, personales y persistentes en medio de una multimillonaria campaña de miedo incitada por Acción Nacional. Todo ello "respaldado" por una "estrategia de tensión" consistente en operativos de "seguridad" y de provocación, y de una represión intensa y violenta para amedrentar a la población.
A pesar de la inducción del temor, de la pasividad del IFE, de la guerra sucia y del encono de la campaña, la respuesta ciudadana fue contrastante: la votación, copiosa, se dio en un medio ambiente de tranquilidad y concordia. La ciudadanía se volcó a las urnas confiada en la transparencia del mecanismo electoral para dirimir, de manera pacífica, los graves y urgentes retos económico-sociales y políticos que enfrentamos.
La participación de una propuesta alternativa al desastre socioeconómico y a la debacle moral de la corrupción sin freno del régimen, llevó a millones de ciudadanos a acudir a las urnas. Ahora, en medio de evidencias de manejos computacionales sesgados del PREP y de un tropel de inconsistencias, como evidencias de "fraude hormiga", irregularidades y manipulación en cerca de 50 mil casillas, el conteo repetido de casillas a favor del PAN, el "extravío" de 2 y medio millones de votos (sólo aclarado hasta que el PRD lo denunció, datos cuya inclusión acortó más la distancia entre AMLO y Calderón) es forzoso contabilizar acta por acta y, donde proceda, voto por voto. Esta circunstancia exige cabal limpieza.
Se abren escenarios complejos: una muy riesgosa burla a la voluntad popular, que "podría prender la mecha" del polvorín, o una salida institucional y legal que dé curso, con desahogo pleno, a una revisión íntegra del proceso.
Ayer, 5 de julio, dio inicio el cómputo distrital y se contempla que el 9 de julio el IFE, si procede, dé constancia de mayoría. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) define al ganador a la luz de las impugnaciones sobre los resultados contenidos en las 130 mil 480 casillas abiertas el 2 de julio.
El 10 de julio se pone en marcha el periodo para que se presenten los recursos de impugnación. El TEPJF, que falló contra al PAN por la guerra de espots contra AMLO, tiene capacidad legal para invalidar el proceso comicial, por ejemplo, si se llegaran a anular 20 por ciento de las casillas, o por graves irregularidades que resten libertad, autenticidad y equidad al procedimiento. El 31 de agosto es el día límite para resolver las impugnaciones de los juicios de inconformidad de la elección presidencial y el 6 de septiembre es el último día para que el TEPJF declare si hay presidente electo.
En todo esfuerzo por desmontar el "golpe técnico" es esencial garantizar la integridad de actas y paquetes electorales a la luz de lo ocurrido en 1988. Hay un candidato decidido a defender el voto y ya no vivimos en la absoluta oscuridad en materia jurisdiccional de aquel entonces, cuando la participación del Poder Judicial en las elecciones era inconcebible. Hoy existen mecanismos como el TEPJF, considerado por algunos como "la llave de seguridad" para resolver encrucijadas difíciles como la actual.
El país pende de un hilo. Es vital el desempeño riguroso, legal y justo del TEPJF, que desde 1996 forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con facultad plenipotenciaria, inapelable, para calificar la elección. También lo es la integridad de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales terminan su mandato en octubre. Como sugiere Jonathan Torres (El Semanario, 15-21 de junio de 2006), en caso de que se impugne la elección, algunos magistrados "podrían liberarse de ataduras" partidistas y votar de manera objetiva, pero otros "podrían razonar su voto con miras a su aspiración por ocupar una magistratura en la SCJN o emitir un juicio al vapor ante su próxima salida". José Fernández Santillán sostiene, sin embargo, que el TPJF "ha tratado de arrancarse el cordón umbilical que lo vio nacer, para actuar conforme con los principios legales". Ojalá.
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posted by 5:55pm at 12:42 a.m.
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