Calderón, clave para la aprobación del Fobaproa
Pactó personalmente con el presidente Zedillo para lograrlo
MÉXICO (Apro).— Mientras en público enarbolaba un combativo discurso contra la corrupción y la impunidad del rescate bancario, una posición que duró diez meses, Felipe Calderón se reunía a negociar —en privado— con altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo, con quien finalmente pactó, personalmente, la aprobación en la Cámara de Diputados del gigantesco endeudamiento para los mexicanos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Y la noche del 12 de diciembre de 1998, desde la comodidad de su casa, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) atestiguó la suma de los votos de los diputados priístas y panistas que —salvo 12 de éstos— aprobaron convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, cuyo costo supera el millón de millones de pesos.
Curiosamente, la cifra actualizada del costoso rescate bancario convalidado por Calderón —1.3 billones de pesos— supera la que el PAN le atribuye, en su más reciente promocional, a las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de llevar la deuda del Distrito Federal a más 40,000 millones de pesos, poco más de lo que se paga cada año, en promedio, sólo de intereses por el rescate bancario.
Pero Calderón no solamente pactó con Zedillo convertir deudas privadas en deuda pública mediante la aprobación de la ley que sustituyó el Fobaproa por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y cuyos costos están pagando los contribuyentes, sino que garantizó, en los hechos, la impunidad a los altos funcionarios que aplicaron el salvamento y quienes se beneficiaron de él, es decir, los grandes empresarios y banqueros.
Ninguno de los responsables está en la cárcel, los recursos para financiar campañas priístas como la de Zedillo y Roberto Madrazo no se devolvieron y los funcionarios que el PAN supuestamente había logrado destituir e inhabilitar siguieron en sus puestos, incluido Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México y operador del rescate bancario como secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo.
El caso Ortiz Martínez Todavía el mediodía del 11 de diciembre de 1998, la víspera de la aprobación del Fobaproa, uno de los operadores de Calderón en la negociación, Carlos Medina Plascencia, coordinador de los diputados panistas, alardeaba del pacto para la renuncia de Ortiz Martínez, mientras los priístas se reían de él. “Yo no miento, porque es parte de la formación que me dieron mis padres y de mi religión”, se ufanaba el católico Medina, quien insistía en el trueque Ortiz- Fobaproa, cuya aprobación tenía entre sus principales promotores al gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, ya enfilado como candidato presidencial.
El propio Calderón reconoció públicamente el pacto el 9 de diciembre, cuando afirmó que el PAN no daría su voto si Zedillo no cumplía con la renuncia de Ortiz.
MÉXICO (Apro).— Mientras en público enarbolaba un combativo discurso contra la corrupción y la impunidad del rescate bancario, una posición que duró diez meses, Felipe Calderón se reunía a negociar —en privado— con altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo, con quien finalmente pactó, personalmente, la aprobación en la Cámara de Diputados del gigantesco endeudamiento para los mexicanos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Y la noche del 12 de diciembre de 1998, desde la comodidad de su casa, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) atestiguó la suma de los votos de los diputados priístas y panistas que —salvo 12 de éstos— aprobaron convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, cuyo costo supera el millón de millones de pesos.
Curiosamente, la cifra actualizada del costoso rescate bancario convalidado por Calderón —1.3 billones de pesos— supera la que el PAN le atribuye, en su más reciente promocional, a las ofertas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de llevar la deuda del Distrito Federal a más 40,000 millones de pesos, poco más de lo que se paga cada año, en promedio, sólo de intereses por el rescate bancario.
Pero Calderón no solamente pactó con Zedillo convertir deudas privadas en deuda pública mediante la aprobación de la ley que sustituyó el Fobaproa por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y cuyos costos están pagando los contribuyentes, sino que garantizó, en los hechos, la impunidad a los altos funcionarios que aplicaron el salvamento y quienes se beneficiaron de él, es decir, los grandes empresarios y banqueros.
Ninguno de los responsables está en la cárcel, los recursos para financiar campañas priístas como la de Zedillo y Roberto Madrazo no se devolvieron y los funcionarios que el PAN supuestamente había logrado destituir e inhabilitar siguieron en sus puestos, incluido Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México y operador del rescate bancario como secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo.
El caso Ortiz Martínez Todavía el mediodía del 11 de diciembre de 1998, la víspera de la aprobación del Fobaproa, uno de los operadores de Calderón en la negociación, Carlos Medina Plascencia, coordinador de los diputados panistas, alardeaba del pacto para la renuncia de Ortiz Martínez, mientras los priístas se reían de él. “Yo no miento, porque es parte de la formación que me dieron mis padres y de mi religión”, se ufanaba el católico Medina, quien insistía en el trueque Ortiz- Fobaproa, cuya aprobación tenía entre sus principales promotores al gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, ya enfilado como candidato presidencial.
El propio Calderón reconoció públicamente el pacto el 9 de diciembre, cuando afirmó que el PAN no daría su voto si Zedillo no cumplía con la renuncia de Ortiz.
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